Según refiere el documento, en la investigación Oviedo Pichotito tenía “el rol de solventar al líder de la organización criminal, con dádivas (entradas a las eliminatorias y partidos amistosos desde el 2016 al 2018)”.
También los tratamientos de salud en los locales de la Villa Deportiva Nacional para Hinostroza Pariachi y la entrega de dinero por S/ 13 mil, son mencionados como otras formas de solventar al líder de la organización criminal.
OTROS DETENIDOS
La decisión judicial de detención preliminar incluye además al abogado de Oviedo Pichotito y miembro del directorio de la Federación Peruana de Fútbol, José Carlos Isla Montaño.
El también representante legal del Grupo Oviedo, es investigado por organización criminal y se le atribuyen además los delitos de cohecho activo específico y cohecho activo genérico.
Asimismo, la medida limitativa alcanza al exprocurador adjunto y exjuez supernumerario del Callao, Roly Capcha Requena, y al empresario y persona de confianza de César Hinostroza Pariachi, Alberto Carlo Chang Romero.
La orden de detención preliminar incluye además al gerente general de la Empresa Nacional de Puertos, Javier Prieto Balbuena, vinculado con Walter Ríos Montalvo, quien habría sido favorecido en un litigio por la red criminal.
ALLANAMIENTOS E INCAUTACIONES
El colegiado A también declaró fundado el allanamiento, registro domiciliario con descerraje en siete bienes inmuebles en Lima y en Chiclayo, entre las que están incluidas las oficinas de la Presidencia y otros altos funcionarios de la Federación Peruana de Fútbol en la Villa Deportiva Nacional de San Luis.
El caso Los Cuellos Blancos del Puerto investiga la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, entre otros en agravio del Estado, hechos revelados tras la difusión de los audios propalados por IDL Reporteros y otros medios de comunicación.
Esta supuesta organización criminal operó para facilitar la resolución de los casos a favor de los integrantes de la red, en la cual también participarían personal administrativo y jurisdiccional de la Corte Superior del Callao.
La red externa estaría conformada también por abogados litigantes y empresarios así como por altos funcionarios del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entre otros.
